En un acto sin precedentes, el Estado ecuatoriano pidió públicas disculpas al pueblo Sarayaku. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en favor del pueblo amazónico, dictaminando que el Estado debe pedir disculpas públicas, pagar a la comunidad algo más de 1.3 millones de dólares y otras medidas para reparar los daños causados a la comunidad, especialmente la violación a los derechos humanos, el no haberlos consultado para prospectar y extraer petróleo de su territorio.
Además, en el gobierno anterior, se utilizaron indebidamente territorios de propiedad comunitaria y lo que atentó contra su identidad. Otra acción indebida fue minar el territorio indígena con pentolita, un explosivo de gran peligrosidad, que debe ser retirado urgentemente.
El pueblo Sarayaku es de raíz histórica Kichwa-runa y habla el Kichwa. Ocupa la cuenca media del río Bobonaza, y su territorio alcanza algo más de 137.000 hectáreas, bendecidas por una riqueza faunística y florística que aún se mantiene en óptimas condiciones. El pueblo Sarayacu vive de la caza, la pesca la artesanía y una agricultura sabiamente controlada.
Fue la Ministra de Justicia Ledy Zúñiga la encargada de ofrecer estas disculpas públicas a la comunidad Sarayaku: “Ofrecemos disculpas por la violación a la propiedad comunal indígena, violación a la identidad cultural, violación del derecho a la consulta, por haber puesto gravemente en riesgo la vida e integridad personal y por la violación a los derechos de las garantías judiciales y protección judicial y los derechos humanos”, fueron algunas de las palabras de la representante del gobierno nacional.
Los dirigentes indígenas aceptaron las disculpas y firmaron el acuerdo, poniendo fin a este caso, pero manifestando su inconformidad por la no asistencia del presidente Correa; también lamentaron que el pronunciamiento de las autoridades “no fuera más contundente”.
Al acto también concurrieron Lorena Tapia, Ministra del Ambiente, José Icaza, ministro subrogante de Recursos Naturales no Renovables, el General Gustavo Aguilar, en representación del Ministerio de Defensa; y Cristian Espinosa, en nombre del procurador Diego García.
El presidente de la comunidad indígena, Felix Santi, valoró el acto, calificándolo como histórico y de trascendencia para los pueblos ancestrales de América, insistiendo en la necesidad de que no se vuelvan a repetir nunca estas acciones abusivas.
Al finalizar el acto, Jorge Herrera, presiente de la Conaie, expresó: “necesitamos que sigan haciendo este pedido de disculpas provincia por provincia”. Estas y otras declaraciones de Herrera molestaron a la comitiva oficial, que pidió finalizar el evento, porque los temas finales no eran parte de la agenda formal.
Desgraciadamente, el evento tuvo un trágico final, pues se cayó una avioneta que trasportaba a varios asistentes, en el siniestro fallecieron cinco de sus siete ocupantes, y sus cuerpos esperan aún ser traslados hasta sus familiares.
Entrevista tomada de: El Comercio
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