La actual situación de los mecheros en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, no registra ningún cambio, al contrario, continúan activos, contaminando el medio ambiente y enfermando a la gente.

La comunidad y diversas organizaciones sociales de estas dos provincias presentaron, meses atrás, una acción de protección que intenta que el Estado ecuatoriano impida la quema de gas como una práctica de la industria petrolera.

Ante ello las comunidades amazónicas de Orellana y Sucumbíos continúan sufriendo los efectos de la contaminación provocada por los mecheros. Trabas, demoras e inconvenientes son hasta el momento los resultados que arrojan la acción de protección que presentaron 9 niñas contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua.

El abogado colaborador en la acción de protección Julio Prieto, sostiene que hay intereses en defensa de las empresas petroleras para que no se agilite el proceso, «en la última audiencia de apelación los jueces debieron haber pronunciado sentencia, pero no lo hicieron, hay cantidad de información que no quisieron analizar, se están tomando su tiempo, es preocupante. Las irregularidades en este caso cuando está involucrado el gobierno y las empresas petroleras están a la orden del día».

Carmen Samaniego, madre de una de las niñas que están enfrentando al Estado para ponerle fin a la actividad de los mecheros, está indignada por la resolución del juez y los abogados que están en contra de los derechos de las niñas que lo único que se está pidiendo es protección de la salud de la niñez, las personas vulnerables y de la comunidad.

«Yo vivo a 300 metros de un mechero y nuestra lucha diaria es contra el cáncer, enfermedad que contraje a causa de la presencia de los mecheros de la muerte. Vecinos, estudiantes, madres de familia y profesores de la Unidad Educativa Oscar Arnulfo Romero, han perdido su batalla, por culpa de estos mecheros. Vivir con cáncer es bien difícil porque en la Amazonia no hay hospitales con especialistas, seguiré apoyando a mi hija hasta las últimas consecuencias», manifiesta Carmen Samaniego.

Daniel Valladolid, Presidente del Comité Contra la Contaminación Ambiental a causa de los mecheros, asegura «que la lucha contra los mecheros se lo viene haciendo desde hace tiempo, se viene denunciando a las empresas petroleras por la contaminación de los mecheros y poco o nada hacen las autoridades, estamos indignados. En mi comunidad existen 10 mecheros y los más cercanos están a 300 metros de las viviendas y otros se ubican a 150 metros, esos mecheros causan ruido y hay ocasiones que cuando se apagan los mecheros por momentos emanan un mal olor afectando a la salud de las familias».

De las audiencias que hasta el momento se han dado, nos deja un sabor amargo, señala Daniel Valladolid, quien destaca que en la última audiencia «nos llevamos la gran sorpresa cuando, los abogados de las petroleras en este caso Petroamazonas son los que tienen el mando, los jueces y los fiscales no existen».

Según el informe de Clínica Ambiental, para enero de 2020 se han identificado 447 mecheros de la industria petrolera en la Amazonía Ecuatoriana:232 en la provincia de Orellana y 210 en Sucumbíos, 2 en Napo y 3 en Pastaza. Muchos más de los identificados por el Ministerio del Ambiente de Ecuador.

A nivel mundial, las distintas fases de explotación petrolera producen graves impactos ambientales. Uno de los más preocupantes y que han persistido durante décadas, a pesar del desarrollo de nuevas tecnologías, es la quema de los gases que se generan como subproducto de la explotación de petróleo. A esta práctica se le conoce como uno de los principales contribuyentes del cambio climático pues, según estimaciones del Banco Mundial, en 2017 se quemaron aproximadamente 140.6 mil millones de metros cúbicos de gases asociados. Estos incluyen gas para combustible, vapor, nitrógeno y gas natural. Al no aprovechar estos subproductos se los quema y entran en la atmósfera principalmente en forma de CO2, produciéndose entre 270 y 400 millones de toneladas de C02 en emisiones al año.

Finalmente, la parte demandante lo único que pide es «que los jueces actúen apegados a derecho y declaren la vulneración de los derechos constitucionales de las niñas y de todos los habitantes que se ven afectados por los mecheros. Pedimos justicia social por esas vidas que luchan día a día por sobrevivir junto a los mecheros de la muerte».

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