Dios creó esta maravilla de Amazonía, fruto de su gran amor. Dios ha bendecido al Ecuador con esta esplendorosa creación y ahí viven pueblos indígenas, algunos en aislamiento voluntario, reconocidos por la Constitución del Ecuador. Sus derechos culturales, territoriales y humanos deben ser respetados por todos los ecuatorianos y también por el Estado.

El 5 de marzo de 2013 mueren lanceados dos abuelos waorani, Ompure y Buganey, de la comunidad de Yarentaro. Ompure vivía remontado en la selva, próximo a  los taromenani, mantenía cercanía con ellos. Entonces, ¿por qué esta muerte?

Avances en la investigación indican que se habían realizado varios sobrevuelos de helicópteros, en los que se arrojaron algunos artículos, como alimentos, entre ellos, latas de atún que, según el relato de Conta -una niña del clan taromenani-, originaron la muerte de varios miembros de su comunidad.

La Fiscalía General del Estado se comprometió a investigar pero hasta ahora no se han hecho públicas esas averiguaciones. Según muestran algunos indicios, el envenenamiento de los miembros del pueblo taromenane por ingerir estos alimentos, fue el detonante que derivó en la muerte de los ancianos Ompure y Buganey.

El 11 de marzo 2013, Mons. Jesús Esteban Sádaba, Obispo de Aguarico, denuncia los hechos ante la gobernadora y cuerpo militar de Orellana. El Obispo advierte a las autoridades que hay fuertes rumores de que los waorani de Yarentaro y Dicaro se estaban armando para vengar la muerte de Ompure y Buganey.

Aún es un misterio quién facilitó las armas y las municiones a los waorani, mientras que después de la matanza las indagaciones sustentan que no había evidencias de armas.

El 24 de marzo 2013 hubo una reunión  de las distintas autoridades de la provincia de Orellana, varios representantes de los ministerios y los representantes de la comunidad waorani. La reunión tuvo como intención analizar lo ocurrido y buscar soluciones. Se insistía en propuestas de paz, y se hizo énfasis en que el Estado debía hacerse presente calmando los ánimos e indemnizando a la familia de los afectados.

La postura del pueblo waorani fue reclamar la venganza. Según lo afirman, la venganza iba a ser “lanza contra lanza”, nunca armas contra lanzas.

Mientras se discutían las alternativas, los guerreros salieron a la selva en busca de los taromenani. El 29 de marzo se dio a conocer la noticia de la muerte de alrededor de 30 personas de los pueblos en aislamiento. Circularon entrevistas y fotos por los medios de comunicación, dando cuenta de la matanza. Los guerreros waorani raptaron dos niñas taromenani: Daboca y Conta

Ante la presión de la ONU y el CIDH, el 24 noviembre 2013,  son apresados 7 waorani que participaron en la matanza. Pasaron 10 meses detenidos, hasta que en septiembre de este año fueron puestos en libertad. Durante los 10 meses de cautiverio nadie les preguntó sobre su participación en los hechos.

Se creó una comisión investigadora gubernamental de la matanza del 2013, y hasta ahora no se ha tenido ningún informe oficial.

El 20 de noviembre2014,  y luego de casi dos años de incertidumbre y oscuridad frente a los hechos y las investigaciones oficiales, la justicia ha sobreseído el caso por no haber evidencias del asesinato. Dejando en la impunidad otra vez un atentado a la vida de estos pueblos.

Las matanzas del 2003, 2009 y 2013 de los pueblos ocultos no pueden dejarnos callados. Sus derechos humanos están siendo vulnerados. El exterminio no tiene eco en la justicia, en el Estado, ni en la sociedad. No puede haber desarrollo del país con la muerte de estos pueblos. No se puede extraer el petróleo con sangre y genocidio, cuando la Constitución protege los derechos de estos pueblos. Es preciso que tomemos conciencia y pidamos justicia.

No se ha llevado a juicio ni a prisión a los que realizaron los sobrevuelos; tampoco a los que facilitaron las armas y municiones. Las autoridades que no se hicieron presentes para que se cumplan las medidas cautelares. Tampoco se pronunciaron el presidente o sus ministros, que son los garantes de la vida de los pueblos en aislamiento. Así mismo, no hay juicio alguno para las compañías petroleras que están invadiendo el territorio de los indígenas no contactados que aún sobreviven en nuestra Amazonía.

El sobreseimiento de los waorani nos hace pensar que tenemos una justicia al servicio de los intereses sobre el Yasuní, por encima de la vida de los pueblos amazónicos.

Sin justicia no puede haber desarrollo, ni puede haber paz. Los conflictos en toda la frontera de los no contactados no se solucionan. Es preocupante que prime la consigna de extraer petróleo sin respetar la vida.

Que la entrega de Alejandro e Inés por defender la vida de estos pueblos sacudan nuestra conciencia y exijamos justicia y defensa de la vida a nuestras autoridades y a toda la sociedad.

Autor: Txarly Azcona – Vicariato de Aguarico

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