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“Agua para la paz” es el lema del Día Mundial del Agua para el 2024. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), designó en 1992 crear esta fecha con el fin de concienciar a la población sobre la importancia de proteger el líquido vital. Ese año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la propuesta, siendo 1993 el primer año de celebración.

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) del año 2023 indican que en el planeta 2.000 millones de personas no disponen de agua potable y 3.600 millones carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. Asimismo, se espera que esta escasez empeore en los próximos años, a medida que se agrave el cambio climático.

La constitución del Ecuador, hace referencia al agua y en su Art. 12 menciona que “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”

Frente a ello, en el país existen diversas situaciones que afectan y atentan contra este elemento vital para la naturaleza y la existencia de los seres humanos, que van desde su conservación, uso y calidad. También se habla de la carencia de los recursos hídricos en el planeta y la contaminación de las diferentes fuentes de agua y escasez de la misma.

El P. Patricio Broncano, párroco de las Pampas, parroquia ubicada en el cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi, considera que el 2024, es uno de los años de los más tecnificados de la humanidad, “pero al mismo tiempo es una sociedad con menos recursos como es la alimentación, dignidad; carecemos de lo básico para la vida, así hemos cerrado los ojos al deterioro de los recursos primordiales para la humanidad, entre ellos el agua. Por la industrialización y la tecnificación se ha consumido el agua dulce sin control, no se ha conservado las fuentes hídricas naturales, este agotamiento del líquido vital, ha provocado la muerte de los ecosistemas y por ende de las personas en distintas regiones del mundo”.

A la pregunta de cómo está la situación del agua en la provincia de Cotopaxi, el sacerdote enfatiza que en los últimos tiempos la jurisdicción ha entrado en una carrera vertiginosa de la industrialización y de la producción en serie como: florícolas y las brocoleras, extendiéndose hacia las zonas exclusivas donde se conservaba el agua afectando a el ecosistema.

De igual manera, es importante conocer la realidad de la región amazónica respecto a la situación del agua, específicamente en la provincia Francisco de Orellana.

Leonardo Narváez, secretario de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Aguarico, recuerda que el 60%  de agua de los ríos grandes como el Coca, Napo y Payamino, así como los afluentes Punino y Pausu Yaku están contaminados y esto “se debe a los derrames de petróleo que se registran dos veces a la semana, según da cuenta el portal digital Plan V, así como las remediaciones ambientales que ejecutan las empresas, no están bien realizadas de acuerdo a la ley como lo estipula los planes de acción de las instituciones”.

Así mismo, la minería ilegal en la provincia se ha incrementado en un 578%. De 32 hectáreas que había en el 2022 de explotación minera, hoy existen 162 hectáreas deforestadas por la minería ilegal, indica Leonardo quien agrega que “los ríos San Miguel y Aguarico en la provincia de Sucumbíos, sufren similares afectaciones por la industria hidrocarburífera y la minería ilegal que utiliza elementos químicos como: mercurio, plomo y cianuro, lo cual provoca que el agua se contamine”.

El agua es importante, porque permite la vida, el desarrollo y la industria, por lo que “el cuidado del agua es responsabilidad de todo ser humano, así como de las autoridades, competentes” finaliza Leonardo.

A nivel latinoamericano sucede algo similar. Lucía Delbene Lezama, licenciada en Ciencias Biológicas  y magíster en Geociencias y en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala que los bienes naturales han sido extraídos y exportados desde la época de la colonia, “sin embargo, en las últimas dos décadas y de la mano de una coyuntura macroeconómica favorable, ha habido un avance de la frontera extractiva y un aumento en la intensidad de extracción sin precedentes que han causado gran deterioro ambiental y social”.

“Los extractivismos, en todas sus formas, (minero, petrolero, agrícola y las infraestructuras asociadas a estos), han sido identificados como la principal fuente de conflictos surgidos en la región en los que la defensa del agua ha adquirido un lugar protagónico. Dado que todas estas actividades hacen un uso intensivo, excluyente y depredatorio del agua, para existir no solo necesitan tener acceso a la materialidad de esta, sino que también deben tener accesibilidad política y discursiva que les permitan justificar dicho impacto”.

El agua es un bien común transversal a todas las formas de vida. Sin embargo, el sistema socioeconómico dominante parece estar al margen de esta realidad, finaliza Lucía.

“El  derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas (cf. ibíd, 30) y decide el futuro de la humanidad. Es prioritario también educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. La formación de la conciencia es una tarea ardua; precisa convicción y entrega. Y yo me pregunto si en medio de esta «tercera guerra mundial a pedacitos» que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua”. Papa Francisco

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