En el corazón de las montañas de Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, corre un río que para la comunidad de Ortega Alto significa mucho más que agua. Es parte de su historia, de su cultura y de su forma de entender la vida. Mientras la riqueza mineral despierta intereses sobre el territorio, sus habitantes defienden otro tipo de riqueza: un río vivo que guarda la memoria de su pueblo.
En la provincia de Zamora Chinchipe, al sur del Ecuador, se encuentra el cantón Yacuambi, un territorio rodeado de bosques nublados y ríos cristalinos, donde habitan comunidades indígenas Saraguro y Shuar. Entre montañas y senderos, la ganadería y la agricultura han sido, durante generaciones, el sustento de familias que consideran este lugar mucho más que un espacio geográfico: es su hogar, su identidad y su legado.
Sin embargo, en los últimos años la expansión de la actividad minera ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Yacuambi. Sus paisajes han comenzado a transformarse en medio de una creciente tensión entre el aprovechamiento de los recursos naturales y la defensa del territorio. Mientras algunos ven en la minería una oportunidad de desarrollo económico, para muchos habitantes el costo es demasiado alto: ríos intervenidos, montañas removidas y un entorno que sienten cada vez más amenazado.
«El territorio no tiene precio», repiten quienes luchan por conservar la riqueza natural de Yacuambi y aspiran a que las futuras generaciones hereden un lugar que aún puedan contemplar, habitar y proteger.
Sin consulta, con maquinaria
La tranquilidad de la comunidad se quebró en 2024, cuando volquetas y excavadoras ingresaron al territorio para extraer material de las orillas del Río Ortega. Para los habitantes, la escena fue tan inesperada como desconcertante: nunca habían sido consultados/as sobre la actividad minera, pese a que la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada.
La indignación pronto se transformó en decisión. La comunidad estaba convencida de que debían proteger su territorio y el río Ortega, así resolvieron enfrentar el avance de la maquinaria y desalojar a los operadores mineros. Lo que para sus habitantes fue una acción necesaria para defender sus derechos y el entorno natural, para los operadores representó un impedimento para continuar con sus actividades.
El conflicto escaló rápidamente a los tribunales. Mientras los operadores mineros emprendieron acciones legales para continuar con sus operaciones, la comunidad presentó una acción de protección al considerar que sus derechos constitucionales habían sido vulnerados. Así comenzó un proceso judicial que convirtió la defensa del territorio y del río Ortega en un caso emblemático para Yacuambi.
El río que despertó la voz de Yacuambi
El Río Ortega se encuentra entre los páramos de los Andes tropicales y los paisajes de la Amazonía. Su cauce se forma a partir de decenas de vertientes que descienden por la montaña hasta unirse en un solo río. En su recorrido atraviesa la comunidad de Ortega Alto y continúa su camino hacia el río Marañón, cuyas aguas desembocan finalmente en el río Amazonas.
Para las personas habitantes de Ortega Alto, en el cantón Yacuambi, el río Ortega forma parte de su alimento, sustento e historia. Sus aguas conectan el pasado con el presente y han sido testigo de múltiples festividades ancestrales que lo convierten en un elemento fundamental de su identidad cultural y espiritual. Más que un recurso natural, el río es un símbolo de vida y de la estrecha relación que la comunidad mantiene con su territorio.
Sin embargo, en los últimos años ese vínculo ancestral comenzó a verse amenazado por el avance de la minería en la cuenca del río Ortega. La entrega de concesiones y el ingreso de maquinaria pesada para la exploración y extracción de minerales alteraron el cauce, removieron sedimentos y generaron preocupación entre las comunidades por el riesgo de contaminación del agua y la afectación de los ecosistemas de los que dependen. Para la comunidad de Ortega Alto, la amenaza no se limita al deterioro ambiental: también pone en riesgo su derecho al agua, sus medios de vida y la continuidad de las prácticas culturales y espirituales que, desde hace generaciones, giran en torno al río.
“Hace 40 años llegué aquí, cuando me casé con mi esposa. En ese entonces el río tenía otro aspecto; ahora, por la minería, es diferente. Para mí, defenderlo es importante porque la naturaleza es generosa con nosotros. El río es vida para todos los seres vivos”, relata «Carlos», un nombre protegido para resguardar la identidad de uno de los defensores del río, quien junto con su familia ha decidido proteger este ecosistema.
Las mujeres defensoras del Río Ortega como “Esperanza” defienden el río Ortega como parte fundamental del sostenimiento de la vida, “Yo estuve en primera línea cuando sacamos a la maquinaria, no me dio miedo, porque sabía que estaba defendiendo el agua con la que vivo y puedo cuidar de mis hijos, nosotras las madres usamos el agua a diario y vivimos del agua y es nuestra vida”.
La unión que hizo historia
Tras más de un año de resistencia en defensa de su territorio frente al avance de la minería, la comunidad intercultural Ortega Alto obtuvo un histórico fallo judicial al ganar, en primera instancia, la Acción de Protección presentada para salvaguardar sus derechos y los de la naturaleza.
La decisión marca un precedente para la defensa de los territorios y las fuentes de agua en Ecuador, ya que el juez no solo reconoció la vulneración de derechos fundamentales, sino que también ordenó la nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas dentro del territorio de Ortega Alto. Además, dispuso el desalojo y decomiso de la maquinaria utilizada en las actividades extractivas en un plazo de 72 horas, así como la ejecución de procesos de remediación ambiental y reforestación en las zonas afectadas.
En su sentencia, el juez determinó que el Estado vulneró derechos fundamentales, entre ellos el derecho al agua, los derechos de la naturaleza, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el reconocimiento de la comunidad intercultural Ortega Alto como guardiana de la cuenca del río Ortega, reafirmando su papel en la protección de las fuentes de agua, la biodiversidad y los territorios que sostienen su vida.
La sentencia es considerada histórica porque no solo deja sin efecto las concesiones mineras dentro de este territorio, sino que también fortalece la protección jurídica de la naturaleza, reconoce la importancia de los derechos colectivos y establece un precedente para que otras comunidades puedan defender sus territorios frente a actividades extractivas.
“Tenemos que unirnos y defender el líquido vital que nos queda. Mucho de nuestro territorio y de nuestros ríos ya están contaminados a nivel nacional. Defender el río es defender la vida; si no lo hacemos, nuestra existencia y la de las futuras generaciones estarán en riesgo. Queremos dejar un legado”, señala Ricardo, nombre protegido, uno de los defensores que ha acompañado esta lucha desde el inicio del proceso judicial.
“Mi mensaje para la juventud es que no desmaye, que no tenga miedo frente a la persecución. A quienes defendemos el territorio muchas veces nos señalan o nos persiguen, pero seguimos firmes porque estamos protegiendo lo nuestro. Necesitamos unirnos y construir redes de apoyo para seguir luchando y alcanzar estos resultados”, agrega.
La protección de quienes defienden derecho
La historia de Ortega Alto refleja una realidad que atraviesan cientos de personas defensoras de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza en Ecuador: proteger un territorio, un río o un ecosistema puede convertirse en una labor de riesgo. A las amenazas, criminalización y campañas de desprestigio se suman hechos como robos, extorsiones, despojos e incluso asesinatos.
Frente a esta realidad, el proyecto “Herramientas prácticas para la Protección de Defensores/as de Derechos Humanos, campesinos, indígenas y de la naturaleza en Ecuador”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Pastoral Social Cáritas Ecuador, con FIAN Ecuador como coejecutora y la Defensoría del Pueblo como aliado estratégico. busca fortalecer la seguridad y las capacidades de quienes defienden los territorios y la naturaleza en el país.
A través de procesos de formación en seguridad, autoprotección, análisis de riesgos y construcción de redes de apoyo, el proyecto busca que quienes alzan la voz por sus comunidades puedan continuar su labor con mayores herramientas de protección.
En Ortega Alto, el río sigue su curso entre montañas y memoria. Pero detrás de sus aguas permanece la historia de quienes decidieron defenderlo, aun sabiendo que proteger la vida también puede significar enfrentar riesgos. Porque cada territorio cuidado tiene detrás una comunidad que resiste y una voz que se niega a desaparecer.
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