La investigadora, abogada y socióloga con mención en ciencia política, Stephanie Fell, conversó con la Casa Grande. Aborda el tema de la crisis carcelaria en el Ecuador, por qué se dieron estos disturbios y que provocó la muerte de 79 personas privadas de libertad.

Bienvenida, ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a esta situación en las cárceles del país?

Lo que sucedió el martes 23 de febrero en las cárceles de Cuenca, Guayaquil y Latacunga, fueron sucesos de amotinamientos simultáneos que se dieron en las cárceles de: Guayaquil, Turi y Latacunga, dejando como resultado 79 muertes, de las personas privadas de la libertad.

Esto es un suceso que se viene dando en América Latina donde se ha agudizado la crisis del sistema penitenciario conjuntamente con la pandemia, son muchísimas cosas que pasan al interior de las cárceles, no solo en el ecuador sino a nivel de la región como el hacinamiento que es uno de los principales problemas que se viven al interior de las cárceles.

Es necesario recordar que, en el 2019, el Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), presento un informe en el que indica que en el país se vive un 39 por ciento de amotinamiento entre las cárceles, lo que invita a cuestionarnos que es lo que está pasando dentro del sistema penitenciario en el Ecuador.

Hoy en día tenemos 43 mil personas privadas de la libertad dentro de las cárceles, pese a que se ha incrementado el número de cárceles, hoy existen 66 y siguen dándose los amotinamientos, nosotros nos cuestionamos y relacionamos que el año 2013 eran nueve mil presos una cifra que se ha cuadriplicado.

Es necesario cuestionar cuales son las políticas públicas, como funciona el sistema penal en el país y porque se da esta gran masa de personas que conforman las cárceles. Hay que considerar la reforma del 2013 del Código Penal Orgánico Integral planteo seis medidas cautelares entre las que se encuentran: la prisión preventiva, el arresto domiciliario y el grillete. Sin embargo, se entiende que la prisión preventiva sería la última medida a tomar cuando las medidas sustitutivas no son suficientes.

En el Ecuador, uno de cada tres reos son personas con prisión preventiva, sin descartar las personas que se encuentran sin sentencia condenatoria saturando la política al interior de las cárceles y las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad.

Hay que considerar que en Argentina el 75,8% de los reos no cuenta con alimentación, en Brasil el 39 por ciento no cuenta con agua potable, en el Salvador el 69,2 % no tienen limpieza en los baños, en Chile, no tienen acceso al teléfono público y en México el 57,5% no cuenta con material de lectura. Esto nos invita a pensar en todos los programas de rehabilitación que tiene la región y el Ecuador y que es necesario cambiar para darles una atención adecuada sin violentar sus derechos humanos.

¿Quiénes son los responsables de esta crisis carcelaria?

Responsabilidades sí, no es un solo responsable, no se puede deslindar al estado de responsabilidad, hay que recordar que desde el año 2016 el presupuesto que se maneja en las cárceles ha disminuido, los presos han aumentado, la atención es desproporcional, en el 2016 se destinó 153 millones y hoy se maneja un presupuesto de 99 millones de dólares para un número de 40 mil personas, hay un exceso en las cárceles. Eso implica que haya menos condiciones de acceso a servicios básicos.

Esto conlleva a que en el interior de las cárceles se formen bandas delictivas de crimen organizado por el control del mercado ilícito que surge dentro de las cárceles, para reemplazar la escasez de bienes básicos como: colchones, jabones y alimentos. Entonces pasan dos cosas se sublevan las personas y crean motines sea por exigir al estado que satisfagan sus necesidades básicas, se les trate con dignidad humana y también por el control delictivo de las mismas bandas que se forman al interior de las prisiones y esto fue lo que paso.

Las bandas de los choneros, los lagartos y los cubanos son entre las que se disputan el poder en las cárceles, eso pasa porque en diciembre del 2019 en un centro comercial de Manabí se asesinó a uno de estos líderes de los choneros a Rasquiña, y este fue un detonante de lo que sucedió en las cárceles una venganza. Sin embargo, hay que recordar que en mayo de 2019 se decretó un estado de excepción dentro de las cárceles, porque se igual manera se había asesinado al líder de la banda de los cubanos desde ahí surgen estos amotinamientos dando como resultado 15 muertes y 40 oficiales heridos. Es algo que ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo, es un problema estructural y cómo funciona el sistema penal en el Ecuador.

La prisión preventiva debería tomarse con mayor rigurosidad en tanto que los delitos menores no impliquen una condena en las cárceles, quizá atender desde otro sentido tal vez con un enfoque preventivo del delito y no de castigo que es lo que tiene el sistema penitenciario.

¿Hay solución para manejar esta crisis carcelaria? ¿Quiénes deben intervenir?

Hay solución, hay que cuestionarnos también cuál es el rol de la policía y la responsabilidad que ellos tienen en esta masacre, la corrupción que se viven al interior de las cárceles por parte de los guías, de los directores e inclusive de los jueces que emiten sentencias. También hay que considerar como es posible que hayan existido machetes, motosierras, armas de fuego y armas corto punzantes al interior de las cárceles, cuando se supone que uno entra como abogado o en calidad de visita le hacen una requisa exhaustiva, entonces porque la policía cierra los ojos frente a esto, ya se crea una criminalidad organizada de la misma policía al interior de la cárcel.

Hay que rescatar que las personas privadas de la libertad son ciudadanos sin derechos cívicos, hay que cuestionarnos quienes son las personas que están al interior de las cárceles, el estado normalmente criminaliza la pobreza, son personas que no tuvieron acceso a la educación a un ambiente y entorno sano que muchas veces desde muy temprana edad se vieron envueltos en drogas y desde una lógica utilitarista de la pobreza son el blanco fácil para el crimen organizado.

Desde ahí nacen las propuestas de cambio, desde la educación desde la falta de ayuda profesional que se da al interior de las cárceles, no se puede hablar del presupuesto sin analizar también cuanto le cuesta los presos al estado, porque se tienen que invertir en programas de rehabilitación social. La cárcel lo único que hace es excluir a las personas, cuando salen de este ambiente es muy difícil generar una reinserción dentro del mundo laboral, nosotros tenemos que atender a la población desde la rehabilitación social, mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad.

Replantearse si la prisión sigue o no sigue siendo un mecanismo de solución del crimen, porque en muchas instancias puede ser ya un castigo agotado porque hoy en día la cárcel se ha convertido en un problema criminal, hasta qué punto el estado permite reproducir la violencia al interior de estas instituciones.

Ahora Stephanie, cuando usted habla de la prisión preventiva y de que forman parte de las reformas del Código Penal Integral, ¿estas han aumentado?

Hay que considerar que las reformas al Código Penal integral, en cuanto a los casos de la prisión preventiva, estos se dispararon, se aplica como primer orden en lugar de buscar medidas sustitutivas, los jueces lo que hacen es dictar prisión preventiva, cuando existen otras alternativas para no saturar las cárceles y analizar qué es lo que está pasando con el Código Penal.

El incremento de la criminalidad en una región, normalmente de trata como una política de carcelamiento masivo y hay que analizar a largo plazo que consecuencias genera esta prisión preventiva, que hacina a muchas personas dentro de las cárceles y que después le termina costando más al estado. También hablar de la celeridad procesal en tanto que las personas se encuentran sin sentencia.

¿Qué esperar de la crisis carcelaria, cree que la situación puede cambiar, hay esperanza?

Siempre es importante dejar un mensaje de esperanza y de cambio, no podemos centrarnos en agravar más la situación, sino empezar a partir en el cambio, la pandemia y lo que ha sucedido ahora tiene que sembrar los nuevos cimientos para las sociedades y regiones en el mundo.

Nosotros que tenemos que recordar y reconocer que incluso dentro de la población carcelaria existen grupos diversos y que posiblemente tienen doble condición de vulnerabilidad. Dentro de la población carcelaria existen grupos de personas en movilidad humana, mujeres, mujeres embarazadas, población GLBTI, adolescentes infractores y adultos mayores. Es así que hay diversificación de actores evidentes en las cárceles. Por eso el llamado es a cuestionarnos desde esa diversidad, desde los derechos humanos, desde la dignidad humana y el rol que el estado debería tener frente a los abusos de poder, porque frente a los abusos de poder es donde suceden las violaciones de los derechos humanos.

Fotografía vía Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador.

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