Desde que empezó la era petrolera en la región amazónica ecuatoriana, los impactos ambientales se han asentado en las provincias de Sucumbíos y Orellana, los derrames de crudo que se han suscitado están cerca de las comunidades, lo que provoca que sus derechos se vulneren y se les niegue la posibilidad de vivir en ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, como lo dice el art. 14 de la constitución de la república del Ecuador.

Desde el área de ecoteología de Cáritas Ecuador, se trabaja en procesos de incidencia socio ambiental que animan la exigibilidad de derechos en las comunidades afectadas por el deterioro ambiental ocasionado por la contaminación humana. La socialización de sus derechos se lo hace mediante procesos de empoderamiento comunitario, formación, capacitación y acompañamiento a las comunidades más vulnerables y afectadas por derrames de petróleo en las provincias de Sucumbíos y Francisco de Orellana.

 

Si hacemos un recorrido de estos dos últimos años, en la Amazonía ecuatoriana se han registrado varios derrames de petróleo dejando graves afectaciones en el ambiente, ríos contaminados y poblaciones gravemente perjudicadas en su salud.  Uno de ellos ocurrió el 7 de abril de 2020, se derramó crudo y combustible en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP y el poliducto Shushufindi. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población sobre el derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona provocando afectaciones muy graves en la salud de los habitantes.

En ese entonces, la Iglesia se hizo presente ante esta emergencia. Mons. Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico, daba cuenta de 20 mil familias afectadas que se encuentran en las riberas de los ríos: Napo y Coca. «Se habla de más de 15 mil barriles de petróleo vertidos al río, es una verdadera barbaridad que ha dejado a estas comunidades sin agua, sin el líquido vital. Porque viven del río para bañarse, lavar la ropa y es un medio de transporte, es un daño muy grande del río».

Las comunidades afectadas, claman constantemente por la defensa a su territorio y su derecho a vivir en un ambiente sano, «El río ahora está muerto, ya no se puede pescar en él y lo poco que hay tiene sabor a diésel, no tenemos que comer», «Antes podíamos bañarnos en el río, sin miedo a nada y ahora nos da miedo porque nos sale granos en la piel”, «Desde que pusieron ese mechero cerca, a muchos nos causa dolores de cabeza», «Los olores que vienen de ese basurero son insoportables y han ocasionado que nuestras vacas se mueran porque toman esa agua contaminada».

Hasta la fecha, no hay remediación que garantice el acceso seguro a fuentes de agua y acceso a alimentación para las familias afectadas por la contaminación ambiental. Sumado a ello, el pasado 28 de enero de 2022, se dio un nuevo derrame de petróleo, esta vez el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), se volvió a romper y provocó un derrame que alcanzó los cauces de los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo. Como se constata la contaminación es constante y las afectaciones a la comunidades se incrementan constantemente.

Frente a esta grave situación, desde Cáritas Ecuador existe el compromiso como seres humanos con el cuidado y la protección del ambiente que es fundamental a través de la organización, formación, sensibilización y alternativas de desarrollo para las comunidades más vulnerables de las localidades afectadas.

En este contexto, Cáritas Española en conjunto con Cáritas Ecuador, ejecutan el proyecto: “Defensa de los derechos humanos de las comunidades amazónicas afectadas por los derrames de petróleo del Oleoducto Transecuatoriano”, el mismo que beneficia a las comunidades de las provincias de Orellana y Sucumbíos.  En ese sentido, una delegación de Cáritas Española, representada por Sonia Olea y Ana Abril, técnicas en procesos de incidencia socio política, visitaron varias comunidades de la amazonia ecuatoriana las últimas semanas para monitorear y fortalecer el trabajo en territorio. El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de los territorios desde la implementación de procesos de incidencia socio política y exigibilidad de derechos en la amazonia ecuatoriana.

Sonia Olea, destaca que el proyecto acompaña a las comunidades que se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad con relación a proyectos de vida, a fin de que puedan buscar alternativas para su soberanía alimentaria, consumo y producción. Así mismo se contribuye con apoyo jurídico e incidencia política mediante talleres de promoción y formación en derechos humanos.

Durante el recorrido por las comunidades afectadas por el derrame de petróleo, las representantes de Cáritas Española tuvieron la oportunidad de compartir talleres de derechos humanos y de reflexión sobre la situación del territorio, sobre el acceso al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria, a otros derechos, como se ubican a nivel personal y en comunidad, manifiesta Olea, quien agrega que las comunidades que visitaron fueron: Shiwakucha, San Francisco, Playas de Río Tigre y Playas de Río Coca.

Al ser consultada sobre la vulneración de los derechos en las comunidades de Orellana y Sucumbíos a causa de los derrames de petróleo, Sonia Olea, enfatiza que: “Nos encontramos como en otros lugares de la Panamazonia, donde hay mucha debilidad y poca fuerza ante un tremendo monstruo como son las empresas petroleras y mineras formales e informales y la actitud de las autoridades que son incompetentes, que, en lugar de protegerlas, protegen al más fuerte”.

La presencia de Cáritas Ecuador en el territorio es fundamental, pues el trabajo con las comunidades tiene que ser de empoderamiento, que sientan que son una comunidad, un pueblo, “que busquen enlaces con otras redes, asociaciones o grupos y que luchen para enfrentar a esos monstruos”, la Iglesia tiene que trabajar en red, con otros espacios para enfrentar una situación de vulneración de derechos humanos, que no solo afecta a la amazonia ecuatoriana sino a toda la Panamazonia, finaliza Sonia Olea.

Conversamos también con Ana Abril, quien señala que los procesos de incidencia en los territorios ayudan a cambiar la realidad de lo que ocurre, ubica a las personas y comunidades como sujetos de derechos.  Hay que empoderarse para defender los derechos, es un camino largo y, difícil, pero una vía posible para enfrentar lo que está pasando”.

La incidencia que trabaja Cáritas Ecuador en los territorios, “supone poder ir a los tribunales, tener sentencias, que pueda suponer una reparación para las comunidades, la movilización para que haya presión, hay que hacer muchas cosas para generar mayores garantías para las personas y abrir caminos de esperanza para que la realidad cambie” enfatiza Ana Abril.

El monitoreo en los territorios “me deja una realidad dura y difícil, el nuevo derrame que ocurrió a principios de año deja a comunidades sin agua, que es su fuente de vida, así como las consecuencias de un río contaminado. Sin embargo, alado de esta realidad hay mucha esperanza porque las comunidades están unidas y pueden caminar en red siendo las protagonistas del proceso.  Nos llevamos la imagen de que, Cáritas Ecuador está acompañando los proceso, «de ponerse al lado de las comunidades, partiendo de la realidad y la cercanía.  En estos días hemos visto, tanto de Cáritas Nacional como los Vicariatos, haciendo camino con las comunidades y así es como se transforma la realidad”, menciona Ana Abril.

Datos del proyecto

  • 1500 familias de la rivera del río Coca son acompañadas en el proceso de restauración ecológica, plan de contingencia y exigibilidad de sus derechos por afectaciones socio ambientales.
  • 400 personas participan en los procesos de incidencia sociopolítica.
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