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Las comunidades de la provincia Francisco de Orellana, afectadas por los derrames de petróleo, exigen justicia para que se reparen los daños ambientales que ocasionó la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE y el oleoducto de Crudos Pesados, OCP, cuando se derramaron más de 15 mil barriles de petróleo, sobre los ríos Coca y Napo y que ocurrieron el pasado 7 de abril de 2020.

Mas de 100 representantes de las comunidades de Orellana, se dieron cita en Quito, este martes 20 de febrero en la Corte Constitucional, para demandar respuestas y acciones concretas a favor de la vida de las comunidades perjudicadas por los derrames de petróleo.

“En defensa de la vida, no nos moverán, al igual que el chíparo en la rivera, no nos moverán; por los derrames no hay pesca, ni agricultura”, son algunas de las consignas que las comunidades corearon frente a la Corte Constitucional.

Luis Salazar, de la comunidad Amarun Mesa, ubicada a la rivera del rio Napo exige justicia, porque desde que sucedió el derrame “hoy estamos sufriendo por el agua, no tenemos como bañarnos, como lavar la ropa. Nuestra alimentación era a base de los peces, hoy nuestro río está contaminado”.

Recordemos que los derrames de petróleo dejan consecuencias negativas en las comunidades que viven cerca de las riveras de los ríos, tal como lo expresa Luis, quien enfatiza que se “quedaron sin el líquido vital como lo es el agua, nuestra fuente de vida. Nuestros sembríos de yuca, plátano, verde y árboles frutales se murieron, pues debajo de la tierra es puro petróleo, hoy están retoñando”.

“Si los niños se bañan en esa agua se enferman, cada vez están con sarna y con dolores de estómago. Exigimos que nos ayuden con agua limpia, donde vivimos la vida está bien difícil”.

Rómulo Salazar, de la comunidad San José del Coca, comenta que la población sigue consumiendo agua contaminada del río, “Hasta el día de hoy no se aclara el río Coca, sigue de color oscuro, no se puede cultivar, las plantaciones siguen muriendo. Petroecuador y  OCP no han hecho ninguna remediación ambiental o por lo menos no han dicho vamos a perforar un pozo de agua, para que consuman las diferentes comunidades, nos toca seguir consumiendo agua contaminada”.

Desde hace tres años, las comunidades afectadas por los derrames de petróleo, presentaron una acción de protección ante la Corte Constitucional, la misma que no ha tenido respuesta, “a pesar de que se presentaron decenas de Amicus Curiae, entre ellos del relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, de científicos, demostrando las afectaciones del derrame de petróleo, no hay contestación por parte de la justicia, señaló Xavier Solís, abogado de las comunidades.

Al momento las autoridades de justicia se muestran insensibles frente a la demanda de las comunidades afectadas por los derrames de petróleo, “quienes siguen consumiendo agua contaminada del río, a pesar de la supuesta limpieza que hicieron las empresas, continua la contaminación, hay personas enfermas con cáncer y con afectaciones a la piel”, finaliza Xavier.

“15.800 barriles de petróleo se derramaron el 7 de abril del 2020, recorrió 300 kilómetros y afectó a 30 mil personas de las comunidades de la provincia de Orellana”.

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