Los obispos del Ecuador, reunidos la semana pasada en Asamblea, emitieron la declaraciónCuidemos nuestro Planeta, con motivo de la explotación minera y petrolera que afecta la naturaleza y a las comunidades indígenas y campesinas que residen cerca de estas zonas, y que presentan un alto índice de pobreza y marginación.

“Con la explotación indiscriminada del petróleo y la minería, no siempre han mejorado sus condiciones de vida; todo lo contrario, gran parte de la población tiende a empeorar su situación social, moral y económica”, aseguran los obispos en dicho comunicado.

Hace alusión a los señalamientos de Pablo VI  que dice: “debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el hombre] corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación” (Benedicto XVI, Si quieres cultivar la paz, custodia la creación, 3).

“A la luz de estas exigencias, la Iglesia Católica (comunidad y pastores), tiene una responsabilidad ética, espiritual y pastoral que nos lleva a considerar la vida humana como el valor supremo y, concomitantemente, a buscar nuevos modelos económicos, sociales y culturales. De hecho, la moral y la espiritualidad cristiana ponen la vida del ser humano y su dignidad, tanto en su dimensión personal como social, en el centro de los proyectos sociales y ecológicos”, reza la declaración.

Con estas consideraciones, exhorta  a las instituciones públicas y privadas, a los peritos y  a los técnicos a:

  • “Que respeten la vida y la salud de las comunidades, especialmente de los sectores más vulnerables (niños y adultos mayores), como también la de los trabajadores de las minas.
  • Que, tanto en las concesiones como en las fases de exploración y explotación del petróleo y las minas, se ciñan a los procesos legales y técnicos establecidos, como la consulta previa a las comunidades, prevista en la Constitución.
  • Que busquen las medidas apropiadas de protección del ecosistema, a partir de los estudios sobre el impacto humano y ambiental y de acuerdo con los requisitos exigidos por el Estado, sin dejarse condicionar por las empresas petroleras y mineras (cfr. Ley de Minería, Art. 78. 84).
  • Que informen a la ciudadanía, de una manera clara, sencilla y completa, tanto los beneficios como los perjuicios económicos, sociales y ambientales de la minería, libres de toda presión económica o política, sino únicamente buscando el bienestar de las comunidades cercanas a las minas y de toda la nación.
  • Que busquen los modos concretos para contrarrestar los impactos negativos de la explotación petrolera y minera, tales como el deterioro de la salud, el aumento de enfermedades y las afecciones a la flora y la fauna, producidas por los metales pesados, como el arsénico, el plomo, el mercurio…, que se encuentran en el agua y en el aire contaminados.
  •  Que señalen los modos efectivos para prevenir o afrontar los problemas sociales que, por lo general, se originan en torno a las minas, como la violencia, el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución.
  •  Que tengan en cuenta las experiencias mineras a gran escala de otros países, como Chile, Perú, Costa Rica y Guatemala, con el fin de evitar los grandes errores y tomar sus aciertos, especialmente en lo que se refiere a la prevención de riesgos y al cumplimiento de las exigencias asumidas por las empresas mineras con el Estado, los trabajadores y las comunidades.”

La Declaración fue suscrita el 20 de abril, por Monseñor Antonio Arregui Arzobispo de Guayaquil y Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y Monseñor Ángel Sánchez Loaiza, Obispo de Guaranda y Secretario General de la Conferencia.

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