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Con una gran participación de la sociedad civil, organizaciones de base y las jurisdicciones diocesanas de la zona sur y zona orientes, concluyó el Foro:La Iglesia frente a los megaproyectos mineros».

En el documento Conclusión del Foro se menciona que: «Los marcos normativos vigentes, sobre todo los referentes al COOTAD (Código de Organización, Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización), la Constitución que plantea el derecho al buen vivir de todo ser humano, los derechos de la naturaleza, y la afirmación del territorio como proceso social en construcción que se refiere a su propia identidad en todas las dimensiones, deben ser impulsados y garantizados, por encima de los intereses y decisiones sobre el extractivismo que tiene un horizonte muy corto, tiene impactos innegables, y que ha probado su imposibilidad de generar una mayor equidad.

Los territorios, al ser irrespetados en sus procesos de auto-determinación según su vocación, están siendo divididos, y se están generado rupturas internas que perdurarán por mucho más tiempo de lo que los mega-proyectos mineros, y generarán fracturas que no podrán ser sanadas. Si el ser humano y su dignidad es el centro, entonces eso debe primar en cualquier decisión.

Como pueblo en resistencia consideramos nulos los contratos con las empresas mineras por no haberse realizado una socialización con un estudio objetivo e imparcial; y, por no haberse realizado la consulta previa determinada por la constitución y la ley.

Podemos decir que no ha existido una información clara, transparente en cuanto a los procesos de extracción minera y el desconocimiento de las leyes y su aplicación en los territorios».

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