Organizaciones de la sociedad civil de Centro América llaman a los Estados presentes en la VII Cumbre de las Américas en Panamá, a dialogar y tener en cuenta la situación de la persona migrante y el respeto de sus derechos humanos.

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, Red Jesuíta con Migrantes y el Refugio de la Niñez de Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), piden a los Estados abordar de manera integral los aspectos económicos, deportaciones, de seguridad y detenciones arbitrarias de las personas solicitantes de asilo y refugio.

Según las organizaciones de la sociedad civil, la violencia causada por las operaciones del crimen organizado transnacional en sus distintas expresiones dentro de la región Mesoamericana y en algunas ocasiones la complicidad y abusos de funcionarios y fuerzas de seguridad, así como los niveles de impunidad en los países de origen y tránsito han provocado formas extremas de violación a sus derechos fundamentales

Este fenómeno facilita la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, especialmente de mujeres, niños y niñas que caen en las redes criminales. Es urgente la creación de mecanismos expeditos y eficaces de identificación de personas en necesidad de protección internacional para flujos migratorios mixtos.

Nos preocupa que esta llamada “crisis humanitaria” de niñez migrante, se haya aprovechado para reforzar respuestas militaristas fronterizas y para impulsar el Plan para la Prosperidad del triángulo norte de Centroamérica, que contiene iniciativas que refuerzan el modelo este modelo de seguridad hemisférica, pero aún más nos preocupa la interpretación del concepto de seguridad que le dan los países del triángulo norte, transformándola en una militarización de las fronteras, en detrimento del fortalecimiento de instancias civiles.

La falta de voluntad política clara para asegurar el pleno acceso a la justicia y debido proceso, para las personas migrantes, desplazadas forzadas, refugiadas y solicitantes, provoca que no se denuncie violaciones de derechos humanaos, dejando sin protección a esta población.

Exhortamos a los Estados a diseñar, implementar y evaluar de manera conjunta con la sociedad civil, políticas públicas y marco regulatorio, es necesario contemplar acciones de retorno y reintegración a sus comunidades de origen, garantizando la integridad, el pleno desarrollo a través del empoderamiento local, la generación de capacidades socio-económicas y psicosociales, concluyen las organizaciones sociales.

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