Organismos de Derechos Humanos y de la sociedad civil se encuentran preocupados por las medidas de control migratorio que se implementaron desde el 26 de enero, cuando se movilizaron fuerzas militares y se desplegaron vehículos de combate a lo largo de la frontera entre Ecuador y Perú para impedir el paso de migrantes.

Según, el último reporte del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), la presencia de personas en la ciudad fronteriza de Huaquillas se incrementó. De 500 personas al día, en promedio 400 se encuentran en situación de calle. Mencionan que existe una alta rotación de personas y hay que tomar en cuenta que personas de mayor vulnerabilidad permanecen durante más tiempo, mientras que otras siguen en movimiento desde y hacia Huaquillas.

Frente a esta situación, el GTRM, realizo una Evaluación Rápida Interagencial (ERI), con el objetivo de contar con información detallada de las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos, para fortalecer la coordinación de la respuesta operativa. Al ser consultados cuál es su país de destino, el 54% manifestó la intención de ir a Perú, un 15% dijo Chile, y un 13% indica permanecer en Ecuador, decisión que radica en la dificultad de cruzar a Perú, que para muchos es su destino inicial. Mientras que para otro grupo su intención es dirigirse a Colombia y Venezuela.

La carta abierta que exhortan las organizaciones de Derechos Humanos a los gobiernos de Ecuador y Perú, alertan que «este tipo de medidas contravienen con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Ecuador y Perú en materia de Derechos Humanos, y ponen en riesgo a la población civil que se encuentra en condición de movilidad forzada y con necesidades de protección internacional. Además, atentan contra principios fundamentales como los de igualdad y no discriminación, la unificación familiar, el interés superior del niño y la niña, y afectan principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes no acompañados, que se encuentran varados en estas zonas fronterizas».

«Rechazamos la criminalización de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional, como excusa de ambos gobiernos para frenar la propagación de la covid-19; y alertamos que estas medidas podrían generar una nueva crisis humanitaria en el contexto de la pandemia. En ese sentido, instamos a las autoridades a adoptar disposiciones en respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que habitan y transitan las fronteras».

Para Gina Benavides, catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar y Defensora del Pueblo encargada, la medida adoptada pone en riesgo la protección de los derechos humanos, es una disposición restrictiva que a la larga pone en riesgo a la población en movilidad humana y son medidas contrarias a los principios constitucionales del país. «Recordemos que el Ecuador tiene una constitución que garantiza el derecho a una libre movilidad humana y condición migratoria».

El hecho de poner a militares para controlar y verificar situaciones de orden administrativo que le corresponde a personas civiles, es preocupante dice la doctora Gina Benavides, quien se pregunta si ¿ahora los migrantes son objetivos militares, enemigos? Pues lo único que han hecho es migrar, las personas que se encuentran en la frontera lo único que quieren es reintegrase con su familia que se encuentra en Perú, Chile, son niños, niñas, hombres y mujeres, que se encuentran en la frontera.

Cada vez que se dictan medidas restrictivas, lo único que se fomenta es la migración en situación de irregularidad y genera mayor vulnerabilidad a los derechos, por que las personas solo quieren reunirse con sus familias, señala Gina Benavides.

La carta a los dos gobiernos es un llamado, es una reacción que está encaminada a abrir un espacio de reflexión sobre este tipo de medidas, que haya cambios y coherencia con el marco constitucional que está inscrita en el ejercicio de la libertad de expresión, finaliza Gina Benavides.

La pandemia nos ha recordado cuán esencial es la corresponsabilidad y que sólo con la colaboración de todos —incluso de las categorías a menudo subestimadas— es possible encarar la crisis. Debemos «motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad».

(Meditación en la Plaza de San Pedro, 27 marzo 2020).

Imagen vía El Telégrafo.

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